Cómo las leyes de responsabilidad social empresarial impactan a las empresas multinacionales

La responsabilidad social empresarial ya no depende solo de compromisos voluntarios. En algunos países, las empresas deben informar sobre sus impactos, examinar los riesgos de sus proveedores, prevenir abusos laborales y explicar cómo gobiernan sus decisiones ambientales y sociales.

No existe una clasificación oficial que permita señalar, sin discusión, a los diez países «más avanzados». Las normas cambian, sus obligaciones varían según el tamaño de la empresa y una ley exigente no garantiza buenos resultados. La siguiente selección compara la amplitud de las políticas, sus mecanismos de vigilancia y su capacidad para influir en las prácticas empresariales.

Francia: responsabilidad sobre toda la cadena de valor

Francia destaca por su ley de 2017 sobre el deber de vigilancia. Esta exige a determinadas grandes empresas elaborar y aplicar un plan para identificar y prevenir daños graves a los derechos humanos, la salud, la seguridad y el medioambiente, tanto en sus actividades como en las de ciertos proveedores y subcontratistas.

La ley de 2019 sobre crecimiento y transformación empresarial igualmente facilitó la integración de un fin social en los estatutos y la adopción de la figura de «sociedad con misión». Francia se posiciona como un referente gracias al maridaje entre la prevención de riesgos y la concreción de la misión corporativa, si bien el éxito de cada iniciativa recae en su puesta en marcha y control.

Alemania: obligaciones de diligencia debida para grandes empresas

La ley alemana sobre diligencia debida en las cadenas de suministro entró en vigor en 2023 para empresas que alcanzaban un umbral de 3.000 trabajadores en Alemania; desde 2024, el umbral previsto por la ley se redujo a 1.000. Exige gestionar riesgos relacionados, entre otros asuntos, con el trabajo infantil, el trabajo forzoso y determinados daños ambientales vinculados a vulneraciones de derechos.

Su característica principal radica en que no resulta suficiente con emitir una mera declaración de intenciones; las organizaciones implicadas se ven en la obligación de implementar mecanismos de evaluación, mitigación, reacción y denuncia. Las eventuales modificaciones en las normativas europeas y estatales exigen verificar periódicamente qué deberes continúan aplicándose.

Noruega: una transparencia al alcance de cualquier ciudadano

La ley noruega de transparencia, vigente desde 2022, obliga a las empresas comprendidas en su ámbito a evaluar riesgos para los derechos humanos y las condiciones laborales dignas en sus operaciones y cadenas de suministro. También deben publicar información sobre sus evaluaciones.

Una cualidad destacable radica en la potestad que tiene la ciudadanía de pedir explicaciones acerca de la gestión de tales amenazas por parte de las corporaciones. De este modo, colectivos ciudadanos, compradores y profesionales de la comunicación logran plantear cuestiones específicas, trascendiendo la simple lectura de balances corporativos genéricos. Noruega igualmente ha implementado pautas de inversión ética dentro de la administración de su fondo estatal, si bien tales directrices jamás reemplazan los deberes corporativos intrínsecos.

Dinamarca: información empresarial y objetivos climáticos

Dinamarca se convirtió en pionera al obligar a ciertas grandes corporaciones a detallar sus iniciativas de responsabilidad social, sus logros y, si era pertinente, la carencia de dichas directrices. Dicho recorrido propició que los temas ecológicos y sociales se integraran en la administración habitual y en la obligación de rendir cuentas.

Su ley climática fija además una reducción nacional de emisiones del 70 % para 2030 respecto de 1990. Esa meta no es, por sí sola, una obligación idéntica para cada compañía, pero orienta la regulación y las decisiones de inversión. Como integrante de la Unión Europea, Dinamarca participa asimismo en el marco europeo de información empresarial sobre sostenibilidad.

Suecia: sostenibilidad integrada en la gestión

Suecia combina exigencias de información no financiera con una larga atención pública a las condiciones de trabajo, la igualdad y el medioambiente. Las empresas comprendidas en sus normas de divulgación deben explicar sus políticas y riesgos relevantes, en lugar de limitarse a presentar iniciativas benéficas aisladas.

El propósito nacional de lograr cero emisiones netas para el año 2045, junto con la aplicación de criterios sostenibles en la contratación pública y las corporaciones estatales, afianza dicha dirección. Sin embargo, resulta oportuno diferenciar el objetivo climático de una nación frente a los logros comprobables de una compañía en particular.

Finlandia: coherencia entre clima, gobernanza e información

Finlandia ha establecido como objetivo nacional la neutralidad climática para 2035. Su política empresarial se apoya además en las reglas europeas de divulgación y en una cultura institucional que favorece la transparencia y la supervisión.

Su fortaleza reside en conectar planificación pública y decisiones privadas: las empresas deben prepararse para explicar cómo identifican sus impactos y riesgos materiales cuando les resultan aplicables las obligaciones de información. El principal desafío es convertir los objetivos y los informes en reducciones comprobables de emisiones y mejoras sociales.

Países Bajos: valor a largo plazo y control de la gobernanza

El modelo neerlandés concede especial importancia a la creación de valor a largo plazo. Su código de gobierno corporativo pide a las sociedades a las que se aplica que consideren cómo afectan sus decisiones a la sostenibilidad de la empresa y de su entorno.

También existen reglas para mejorar el equilibrio de género en los órganos de dirección de determinadas compañías. Junto con las obligaciones europeas aplicables, estas medidas fomentan que los asuntos sociales y ambientales lleguen al consejo de administración. Su límite es claro: una buena estructura de gobierno no demuestra, por sí misma, que se hayan evitado daños en la cadena de suministro.

España: información no financiera, igualdad y contratación pública

La ley española de 2018 sobre información no financiera reforzó la obligación de determinadas empresas de divulgar cuestiones ambientales, sociales, laborales, de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Las exigencias dependen de criterios legales de tamaño y otras condiciones: no afectan de la misma forma a todas las sociedades.

España dispone también de planes de igualdad preceptivos para aquellas firmas que superan el límite legal, protocolos destinados a salvaguardar a los informantes de irregularidades y disposiciones que facilitan la incorporación de exigencias sociales y ecológicas en las compras públicas. A modo de ejemplo, un concurso puede ponderar acciones ligadas al propósito del convenio, siempre y cuando se respeten los principios de concurrencia y proporcionalidad.

Reino Unido: transparencia sobre esclavitud moderna y riesgos climáticos

La ley británica de 2015 sobre esclavitud moderna exige a determinadas organizaciones publicar una declaración anual sobre las medidas adoptadas para abordar la esclavitud y la trata en sus actividades y cadenas de suministro. El país también ha desarrollado obligaciones de información climática para ciertos tipos de empresas.

Su experiencia ilustra tanto el valor como el límite de la transparencia: publicar una declaración permite examinar los compromisos de una compañía, pero no prueba que haya identificado todos los abusos ni que los haya corregido. La calidad de los controles y de las medidas posteriores resulta decisiva.

Canadá: atención creciente al trabajo forzoso e infantil

Desde el año 2024, la normativa federal de Canadá obliga a ciertas compañías y organismos públicos a presentar un informe anual acerca de las acciones implementadas para disminuir el peligro de empleo forzoso y mano de obra infantil dentro de sus cadenas de valor. Asimismo, el país norteamericano contempla mandatos federales sobre igualdad salarial aplicables a los ámbitos regulados por su legislación.

Su inclusión responde al alcance de estas políticas y a su potencial para mejorar la vigilancia de proveedores. No obstante, la obligación de informar sobre un riesgo no equivale, por sí misma, a una obligación general de eliminarlo en toda la cadena: esa diferencia es importante al comparar países.

Instrumento principal de cada nación y el sello que lo define

¿Qué convierte una política en verdaderamente avanzada?

Más allá de la ubicación geográfica de cada nación, las estrategias más eficaces suelen integrar múltiples factores:

• Prevención: identificar riesgos antes de que se produzca un daño.
• Responsabilidad en la cadena de suministro: examinar también las relaciones comerciales, no solo las instalaciones propias.
• Información útil: publicar riesgos, medidas y resultados con suficiente detalle para permitir su evaluación.
• Vías de reclamación: facilitar que las personas afectadas comuniquen problemas y obtengan respuesta.
• Supervisión: comprobar el cumplimiento y corregir prácticas deficientes.

Diez naciones diferentes evidencian diversos senderos hacia una corporación más consciente: unas se centran en la debida diligencia, mientras que otras apuestan por la apertura, la paridad o el buen gobierno. El examen definitivo no radica en el volumen de promesas proclamadas, sino en la capacidad de los reglamentos para identificar perjuicios, atender las demandas de los afectados y generar avances contrastables.