El gobierno mexicano está impulsando una reforma que convertiría la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un sistema obligatorio de identidad digital, integrando datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial. Esta reforma se presenta como una solución ante la creciente crisis de desapariciones en el país, pero ha generado fuertes preocupaciones sobre sus implicaciones en los derechos humanos, especialmente en términos de privacidad y vigilancia masiva.
El plan busca cambiar la Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada para establecer la CURP biométrica como la única identificación oficial, reemplazando otros documentos como el pasaporte y la credencial de elector. Asimismo, la modificación contempla la creación de una base de datos central que almacenaría información biométrica de todas las personas, incluidos los menores. El uso de este sistema sería mandatorio para realizar cualquier gestión pública o privada, como la apertura de cuentas bancarias o el acceso a servicios del gobierno.
Aunque la reforma indica que se necesitará el permiso de los ciudadanos para recopilar datos, muchos especialistas sostienen que, en la realidad, esta disposición sería imperativa, dado que la CURP biométrica se requeriría para obtener servicios fundamentales. Esto crea una situación en la cual las personas no tendrían una auténtica libertad para decidir, ya que negarse a registrarse implicaría ser excluido de los servicios básicos.
Especialistas en derechos digitales y activistas han indicado que la iniciativa podría facilitar la supervisión a gran escala y el uso indebido por parte de las autoridades. En un escenario donde las agencias gubernamentales en México han demostrado ser históricamente propensas a la corrupción y a acuerdos con grupos delictivos, el peligro de que esta información biométrica sea utilizada incorrectamente para extorsión o represión política es significativo. Adicionalmente, existe preocupación de que la aplicación de este sistema impacte especialmente a colectivos vulnerables, como las personas trans o aquellos con huellas digitales dañadas, quienes podrían enfrentar dificultades para ser identificados adecuadamente por el sistema.
El plan ha sido cuestionado por utilizar el sufrimiento de las familias impactadas por las desapariciones para impulsar una política que, según los especialistas, no ataca las raíces del asunto. En vez de enfocarse en métodos más eficientes para evitar y solucionar los incidentes de desapariciones, la modificación podría servir como un mecanismo de vigilancia masiva de la ciudadanía bajo el pretexto de protegerla.
El uso de las tecnologías biométricas ha generado controversias en diversas naciones. Un caso es el de Venezuela, donde individuos transgénero enfrentaron problemas para obtener productos esenciales porque su aspecto físico no correspondía con sus datos biométricos. Situaciones parecidas se han dado en Chile, donde empleados con huellas digitales deterioradas no fueron reconocidos adecuadamente por el sistema. Estos casos demuestran que los sistemas biométricos pueden presentar errores y, en lugar de ofrecer seguridad, pueden fomentar la exclusión social.
La creciente digitalización de los datos personales, impulsada por la integración de tecnologías de vigilancia, plantea un serio dilema entre la seguridad y la protección de los derechos humanos. Mientras que algunos defienden la reforma como una medida para mejorar la seguridad y prevenir delitos, otros advierten que este tipo de iniciativas puede tener efectos negativos a largo plazo en la libertad individual y en la privacidad de los ciudadanos. Por ello, es esencial que cualquier avance tecnológico en este ámbito sea acompañado de una reflexión profunda sobre los derechos fundamentales de la población, para evitar que se convierta en una herramienta de control en lugar de una solución real a los problemas sociales.
