En una jornada caracterizada por amplias discusiones entre diversas corrientes políticas, el Senado de la República dio luz verde por mayoría a un conjunto de cambios en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las enmiendas pretenden modernizar el marco regulatorio ante los retos del entorno digital actual, reforzar los derechos de los consumidores y asegurar una competencia más justa en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Entre los principales cambios aprobados destaca el reconocimiento explícito del acceso a internet como un derecho fundamental, lo cual obliga a las autoridades a establecer condiciones que aseguren una conectividad asequible, continua y de calidad para toda la población, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Esta disposición se alinea con los compromisos asumidos en materia de inclusión digital y desarrollo social.
Las modificaciones también abordan temas de regulación más estricta para plataformas digitales que ofrecen servicios audiovisuales a través de internet. Si bien no se trata de una regulación directa de contenidos, se establecen lineamientos sobre transparencia en algoritmos de recomendación, publicidad dirigida y mecanismos de queja para los usuarios. Se busca así avanzar en la protección de derechos de consumidores digitales sin frenar la innovación tecnológica ni imponer cargas excesivas a los proveedores de servicios.
Uno de los puntos más discutidos fue la redefinición del concepto de “preponderancia” en el sector, que ahora incorpora nuevas métricas sobre participación de mercado y control de infraestructura, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Esto permitiría al órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aplicar medidas asimétricas con mayor precisión para evitar abusos de poder de mercado y fomentar la competencia.
Además, se añade una medida que exige a los operadores de radiodifusión y telecomunicaciones adherirse a criterios básicos de accesibilidad para personas con discapacidades. Esto comprende la inclusión de subtítulos, lenguaje de señas y descripciones auditivas en determinados contenidos, así como la adaptación de interfaces en las plataformas digitales.
En lo que respecta a la radiodifusión pública, se implementan medidas para asegurar su autonomía editorial y viabilidad financiera. Se prevé la instauración de un fondo específico que facilitará la financiación de contenidos culturales, educativos y de interés social, evitando la dependencia exclusiva de los presupuestos anuales o de la publicidad comercial.
Las modificaciones también destacan la importancia de resguardar la información personal en el entorno digital. Las compañías de esta industria tendrán que desarrollar políticas transparentes para gestionar datos y proporcionar a los usuarios métodos eficientes para ejercer sus derechos de acceso, modificación, eliminación y objeción (ARCO). Asimismo, se imponen restricciones sobre cuánto tiempo pueden retener los datos los proveedores de servicios móviles y de internet.
Un progreso significativo es la incorporación de medidas para fomentar contenidos locales y reforzar la producción independiente. Las plataformas con una presencia importante en el mercado mexicano tendrán que asignar un porcentaje de su catálogo a obras producidas en el país o en colaboración con productoras nacionales, con la meta de promover la diversidad cultural y respaldar a la industria audiovisual local.
El fallo recibió el apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias, aunque algunos diputados manifestaron inquietudes respecto a posibles impactos secundarios de ciertas medidas sobre la libertad de expresión o la capacidad operativa de pequeñas empresas del sector. No obstante, el consenso general resaltó la importancia de renovar la legislación frente a un entorno digital que avanza rápidamente y cuya influencia en la vida pública es cada vez más significativa.
El informe será enviado a la Cámara de Diputados para su consideración y posible aprobación. Si se aprueba tal como está, representará una de las modificaciones más significativas en este campo desde que se promulgó la ley original en 2014, estableciendo un marco jurídico más alineado con los desafíos actuales de la convergencia tecnológica, la igualdad digital y la protección de derechos en el contexto informativo.